Conceden prisión domiciliaria a Murillo Karam

Un juez de control del Reclusorio Sur en Ciudad de México le otorgó este viernes la medida de prisión domiciliaria a Jesús Murillo Karam, extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), implicado en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa desde 2014, por lo que deberá ser trasladado a su casa en un plazo máximo de 24 horas.

Fue el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Juan José Hernández Leyva, ordenó a la Guardia Nacional regresar a Murillo Karam al hospital penitenciario de la citada prisión para tramitar su alta médica y luego trasladarlo a su casa en la lujosa zona de Lomas de Chapultepec, donde continuará dos procesos por el caso Ayotzinapa y estará sujeto a siete medidas de control.

También, el juez Juan José Hernández Leyva, ordenó que además de estar privado de la libertad en su domicilio, Murillo Karam deberá estar vigilado de forma permanente por agentes de la Guardia Nacional o la Fiscalía General de la República (FGR) alrededor de su casa para evitar una posible fuga.

También deben haber un registro de las personas que lo visiten y de evitar comunicarse con las víctimas o testigos del caso por el que se le juzga, debe entregar su pasaporte y visa, y además se emitirá una alerta migratoria para notificar que no puede abandonar el país.

El juez rechazó que Murillo Karam portará un brazalete electrónico, ya que lo consideró una medida de resguardo improcedente.

El pasado 4 de abril, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito había otorgado un amparo a Murillo Karam para que continuara su proceso en prisión domiciliaria, después de estar detenido desde agosto de 2022, por razones de salud.

El arresto de Murillo Karam, alto funcionario de la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), es el de mayor perfil del caso Ayotzinapa y ocurrió tras el informe de la Comisión para la Verdad, que concluyó en 2022 que la desaparición de los 43 estudiantes fue un "crimen de Estado" que involucró a autoridades de todo nivel.

El exprocurador, de 76 años, está acusado de ser uno de los fabricantes de la "verdad histórica", una versión del Gobierno de Peña Nieto que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en el sureño estado de Guerrero.