Denuncian quebranto al erario en Salud por 344 millones

La Secretaría de Salud de Tamaulipas, presentó 70 denuncias, 14 de ellas de carácter penal, por el presunto quebranto al erario de casi 344 millones de pesos, en contratos otorgados a dos empresas.

En rueda de prensa, el apoderado legal de la Secretaría de Salud, Iván Saldaña Magaña, explicó que ayer mismo se presentaron las 14 denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción en las que se señala al ex Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, la ex Secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, el ex Subsecretario de planeación y vinculación social de servicios de Salud, Horacio García Rojas Guerra.

Además del Subsecretario de Administración y Finanzas de Servicios de Salud, Alejandro Aguilar Poegner y el entonces Director de compras del Gobierno del Estado, Román Castillo Airola, a quienes se acusa de los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Explicó que durante el 2017 y 2018, celebraron contratos con dos empresas que se convirtieron en proveedores de mantenimiento a diversos hospitales de la entidad en la pasada administración estatal.

El quebranto que se denuncia es por 343 millones 966 mil pesos, de los que 221 millones eran de origen estatal y 122 de recursos federales.

“En todos estos casos existían pagos por la Secretaría de salud, sin que constaran en los expedientes de compras, las invitaciones a por lo menos tres licitantes, en otros casos, no existen cotizaciones de otras empresas, realizando incluso pagos, sin que mediara de por medio una factura que amparara él o los servicios prestados”.

Además, existe evidencia de qué se realizó un procedimiento de excepción irregular, sin que se acreditara la condición de excepción de urgencia para ver realizados adjudicaciones directas e incluso faltan expedientes en el comité de compras de la Secretaría de Administración.

Las denuncias fueron presentadas de manera paralela en diversas instancias como el Congreso del Estado, la Auditoría Superior del Estado (ASE), la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.