Revela UIF presunta red de corrupción de García Luna por un daño al erario público de más de 745 mdd

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló una presunta red de corrupción encabezada por el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, con un perjuicio al erario público de más de 745 millones de dólares, al beneficiar a un conglomerado empresarial con al menos 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública.

Así mismo, informó que en esta trama de corrupción participaron 44 empresas, así como Linda Cristina Pereyra, esposa de García Luna, entre otras personas físicas, además el titular de la UIF, explicó que el dinero obtenido era transferido a Florida  a través de países del Caribe, en especial Barbados, en donde los recursos permanecían en un banco y después eran enviados a Estados Unidos.

“Estos beneficios eran transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales”, dijo Gómez Álvarez en la conferencia de prensa del presidente López Obrador.

El funcionario comentó que las cuentas que le fueron bloqueadas a García Luna ascienden sólo a 29 millones 920 mil 195 pesos, ya que “ellos no tenían recursos en el estado financiero, lo usaron para sacar los recursos que cobraban en los contratos que García Luna proponía que se hicieran con dependencias públicas de México”, afirmó.

Detalló que el dinero obtenido por estos contratos, una vez transferido a Estados Unidos, era usado para la compra de bienes muebles e inmuebles, así como otros activos como mecanismo de lavado de dinero para no dejar rastro de los recursos.

El funcionario expuso que el gobierno mexicano interpuso desde septiembre de 2021 una demanda civil en Florida, con el fin de recuperar los recursos y activos adquiridos con los recursos extraídos del erario, a fin de resarcir el daño generado.

Aclaró que en México hay procesos penales que siguen su curso por peculado y la adquisición de estos contratos y que el proceso en Estados Unidos continuará, a fin de que sean resarcidos los recursos.