Con cambios, Senado aprueba la Ley General contra la Extorsión

El Senado de la República aprobó el proyecto de decreto que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, junto con reformas a cinco ordenamientos para homologar definiciones, agravantes, sanciones y protocolos de investigación en todo el país.

La asamblea avaló en lo general el dictamen con 110 votos a favor, lo que también implicó cambios al Código Penal Federal, Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley Nacional de Extinción de Dominio y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En lo particular, el Pleno aprobó el documento con 95 votos a favor y 12 en contra, incorporando dos modificaciones propuestas por los senadores Martha Lucía Micher Camarena e Ignacio Mier Velazco, ambos de Morena.

Cambios incorporados al dictamen

Las reservas aprobadas incluyen:

• Perspectiva de género en la atención a víctimas de extorsión, mediante ajustes a los artículos 3, 33 y 41.

• Ampliación de penas cuando la extorsión se realice utilizando dispositivos, plataformas o medios electrónicos, conforme a una modificación al artículo 17.

Concluida la votación, la Mesa Directiva instruyó devolver el proyecto a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo.

Un dictamen reforzado y consensuado

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, explicó que el dictamen se enriqueció tras un proceso de estudio y diálogo entre legisladores de ambas cámaras, lo que derivó en alrededor de 20 cambios a 15 artículos y en una nueva disposición transitoria. Aseguró que estas modificaciones permitirán cerrar espacios a los grupos dedicados a la extorsión y reducir la impunidad de un delito que hoy es el tercero con mayor incidencia en el país.

Por su parte, Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, destacó que la reforma construye una política de Estado para combatir un delito que afecta a comunidades enteras y cuya expansión se ha visto impulsada por el uso de tecnologías y por la operación de redes criminales desde centros penitenciarios.

Principales disposiciones de la reforma

• Penas más severas: se incrementa el rango de sanción por extorsión a 15 a 25 años de prisión, superior a los 6 a 15 años planteados originalmente.

• Extinción de dominio: los recursos obtenidos se destinarán preferentemente a la reparación de las víctimas.

• Responsabilidad de funcionarios: se impondrán 10 a 20 años de prisión a servidores públicos que, teniendo atribuciones, omitan denunciar un caso de extorsión.

• Dispositivos en penales: se sanciona con 6 a 12 años de prisión la introducción no autorizada de aparatos que permitan comunicación o transmisión de datos en centros penitenciarios.

• Protección a víctimas y testigos: las autoridades deberán aplicar medidas de resguardo en todas las etapas del proceso cuando exista riesgo para la integridad o libertad de los afectados.

• Unidades especializadas: las fiscalías deberán contar con personal capacitado, evaluado y certificado para investigar este delito.

Posicionamientos de las bancadas

• Morena: Laura Estrada Mauro afirmó que la ley responde a la demanda social de vivir sin miedo y envía un mensaje de firmeza del Estado frente al crimen.

• PAN: María Guadalupe Murguía Gutiérrez consideró que la iniciativa representa un avance importante, pero advirtió que requerirá recursos suficientes para operar unidades especializadas.

• PVEM: Waldo Fernández González destacó que la reforma impulsa la denuncia de oficio y fortalece el uso del número 089 para denuncias anónimas.

• PRI: Carolina Viggiano Austria señaló que la ley no contempla presupuesto adicional y pidió que se garanticen recursos para su implementación.

• PT: Lizeth Sánchez García afirmó que durante años faltaron políticas preventivas y celebró la creación de un tipo penal único que evitará disparidades en las penas.

• Movimiento Ciudadano: Alejandra Barrales Magdaleno sostuvo que la reforma representa un “golpe de timón” en la estrategia contra el crimen organizado y un cambio respecto a políticas anteriores.